La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés), organismo respaldado por la ONU que regula las actividades de minería submarina en aguas internacionales, empezará a recibir solicitudes de explotación de recursos minerales marinos a partir del 9 de julio. Está previsto que en esa fecha expire el plazo de dos años estipulado para la adopción de un código de explotación minera de los fondos marinos.
¿No está registrado?
Reciba alertas diarias y avisos para suscriptores por correo electrónico; personalice su experiencia.
RegistroSi no se acuerda una normativa antes de la fecha límite, las empresas privadas podrán solicitar permisos para explotar áreas de la "zona internacional de los fondos marinos", es decir, los fondos marinos y oceánicos situados fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Aunque falta poco para que finalice el plazo, se desconoce el procedimiento que seguirá la ISA para revisar las solicitudes y si la aprobación podría retrasarse una vez recibidas.
La minería submarina ha sido objeto de intenso debate en los últimos años gracias al descubrimiento de enormes recursos minerales en los fondos marinos, donde se encuentran metales para baterías, como cobre, cobalto y níquel, muy demandados en el marco de la transición energética mundial y el aumento de la producción de baterías.
El principal interés comercial de la minería submarina se centra en los nódulos polimetálicos, presentes en el lecho oceánico a profundidades de entre 4.000 y 6.000 metros. Estas concentraciones minerales, del tamaño de una papa, contienen una combinación de metales como cobalto, cobre, níquel y manganeso, y se calcula que las reservas submarinas superan con creces a las terrestres.
Sin embargo, grupos ecologistas e instituciones académicas advierten que las zonas destinadas a la explotación contienen ecosistemas frágiles que se verán irremediablemente dañados por la minería submarina, con la consiguiente pérdida permanente de biodiversidad.
Código de minería submarina
El Consejo de la ISA, compuesto por 36 miembros, lleva desde 2012 negociando la adopción de un código minero que permita la extracción a escala comercial de minerales de los fondos marinos.
Tras hacer circular varios borradores del código, la normativa definitiva debía estar terminada a finales de 2020, pero se retrasó por la pandemia de COVID-19.
En junio de 2021, la nación insular de Nauru, en el Pacífico Sur, y su entidad patrocinada, Nauru Ocean Resources (NORI), activaron una cláusula legal por la que notificaban a la ISA de sus planes de iniciar la explotación en su área de exploración de 74.830 km2 de la zona de fractura Clarion-Clipperton (ZCC), un área rica en minerales que abarca 4,5 millones de km2 en el noreste del océano Pacífico ecuatorial.
NORI es una sociedad absorbida de The Metals Company (TMC), una empresa canadiense que ha manifestado su intención de solicitar una licencia de explotación a finales de este año y comenzar a extraer nódulos polimetálicos del lecho marino del océano Pacífico en 2024. En principio, la empresa tiene previsto centrarse en su primer proyecto, NORI-D, que acumula en torno al 22% de los recursos totales de sus dos áreas de exploración de la ZCC.
La disposición, conocida como la "regla de los dos años", obliga a la ISA a autorizar la explotación minera en un plazo de dos años, independientemente de que las instancias decisorias hayan acordado o no una normativa definitiva al respecto.
A falta de una versión definitiva que especifique las normas y procedimientos de prospección, exploración y explotación de minerales del lecho marino, dentro de este plazo el Consejo de la ISA puede verse obligado a tramitar y aprobar provisionalmente las solicitudes de permisos de explotación.
En cualquier caso, sigue sin estar claro qué ocurrirá cuando expire el plazo, el 9 de julio de 2023.
Desafío científico
El 8 de junio, el Consejo Asesor Científico de las Academias Europeas, (EASAC, por sus siglas en inglés), una asociación regional de las Academias Nacionales de Ciencias, anunció su apoyo a una moratoria de la minería submarina, alegando que causaría daños irreparables a los ecosistemas marinos.
En su informe "Deep-Sea Mining: Assessing evidence on future needs and environmental impacts", el EASAC cuestiona la afirmación de que la minería de aguas profundas es necesaria para garantizar los minerales críticos que sustenten la transición energética mundial. Aunque algunos científicos ya habían pedido una moratoria, esta es la primera vez que lo hace un reconocido grupo científico.
"La minería de aguas profundas no proporcionaría muchos de los materiales críticos necesarios para la transición ecológica y otros sectores de alta tecnología", declaró el director de Medio Ambiente de la EASAC, Michael Norton. "Además, las tasas de reciclado pueden mejorarse enormemente, y la futura innovación tecnológica no se ha tenido muy en cuenta en las previsiones".
Los miembros de la ISA, divididos
Otro problema clave es que los Estados miembros de la ISA siguen divididos sobre la cuestión de la minería submarina y el proceso de recepción de solicitudes.
Entre los miembros del Consejo de la ISA que piden una interrupción o moratoria en la explotación minera de los fondos oceánicos figuran Palaos, Fiyi, Samoa, Micronesia, Nueva Zelanda, Costa Rica, España, Alemania, Finlandia, Panamá y Chile. En noviembre de 2022, en la conferencia sobre cambio climático COP27 de la ONU en Egipto, el presidente francés Emmanuel Macron pidió la prohibición total de la minería submarina.
En la reunión del Consejo de la ISA de marzo de 2023, Brasil, Países Bajos, Portugal, Singapur, Ecuador, Italia y Suiza indicaron que no aprobarían contratos mineros hasta que no se establecieran suficientes protecciones medioambientales.
Portugal subrayó que "los efectos de la explotación minera de los fondos marinos sobre la biodiversidad deben investigarse adecuadamente, los riesgos deben comprenderse y la tecnología debe demostrar que el medioambiente no sufriría daños significativos, de acuerdo con el principio de precaución".
El 26 de junio, Suiza declaró que sus representantes ante el Consejo y la Asamblea de la ISA defenderán que se aplique una moratoria a la explotación minera de los fondos marinos hasta que se conozcan mejor los posibles efectos adversos y se pueda garantizar la protección del medio marino.
Chile, miembro electo del Consejo para un mandato de seis años, de 2021 a 2026, ha propuesto una interrupción de 15 años, mientras que otros dos miembros del Consejo (Gran Bretaña y Noruega) han argumentado que la adopción de un código minero para julio de 2023 sigue siendo factible.
Al margen de la ISA, el Gobierno noruego comunicó recientemente sus planes de abrir un área de su plataforma continental a la minería comercial de aguas profundas, lo que no deja lugar a dudas sobre su postura ante esta práctica.
Mientras las empresas mineras se preparan para presentar solicitudes de permisos y la ISA decide cómo examinarlas, la reunión de la Asamblea de la ISA en Kingston, que iniciará el 10 de julio, marcará un hito en el debate sobre el futuro de la minería submarina, así como en las perspectivas de suministro de minerales críticos y la transición energética mundial.
Haga clic aquí para ver la infografía a tamaño completo
